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1934: Conspiración, alzamiento y guerra (I)

 

La evolución de los acontecimientos. Las elecciones generales de noviembre y diciembre de 1933

A la caída de Manuel Azaña, Presidente del Gobierno en septiembre de 1933, Alejandro Lerroux no fue capaz de formar gobierno por el rechazo general de las izquierdas y el desvío de las derechas que todavía no habían cuajado con él una alianza política estable.

    Recibió encargo de formar gobierno el líder radical y gran maestro del Grande Oriente español, Diego Martínez Barrio, con carácter provisorio y con finalidad de convocar elecciones generales a Cortes.

    La ley electoral, aprobada por las Cortes de Azaña, establecía definitivamente como circunscripciones electorales a cada capital con su término y al resto agrupado de cada provincia. Las mujeres podrían ejercer por vez primera en la historia su derecho al voto y los anarquistas, decepcionados con la República tanto como con la Monarquía, decidieron abstenerse en masa. Por iniciativa de los socialistas se había roto violentamente antes de las elecciones la conjunción republicano-socialista de 1931, ante su deseo de apartarse del desprestigiado Manuel Azaña.

    En sus diarios, Azaña explica cómo ordenó sofocar las rebeliones anarquistas fusilando sobre la marcha a quienes fueran cogidos con armas, actitud que desembocaría en la matanza por fusilamiento de campesinos anarquistas en el municipio gaditano de Casas Viejas el 11 de enero de 1933, a cargo de la republicana Guardia de Asalto. (Según sus adoradores, Azaña gobernaba con la razón, la virtud y la palabra). Su concepción de que sólo los republicanos tenían derecho a gobernar no quedaba en frase. En noviembre de 1933, el voto popular redujo a casi nada a los partidos republicanos, y el mismo Azaña consiguió el acta de diputado gracias a haberse presentado por las listas del PSOE en Bilbao. Entonces intentó volver al poder por medio de un golpe de Estado, proponiendo no convocar las electas Cortes y organizar nuevos comicios con garantía de victoria izquierdista. Este suceso, aunque a menudo ocultado, es conocido.

    El gobierno Martínez Barrio presidió de forma impecable las elecciones que se celebraron a doble vuelta el 19 de noviembre y el 3 de diciembre de 1933. Estas elecciones fueron las primeras que en España dieron lugar a reuniones, discursos y actos de propaganda propios de los sistemas modernos. Aunque el cacicazgo no había desaparecido del todo, se confiaba más en la captación de votos individuales: fueron invertidas grandes sumas de dinero y el empeño de candidatos y formaciones políticas conscientes de la repercusión en todos los ámbitos de aquellos comicios. En definitiva, unas elecciones que ponían de manifiesto la existencia de una ineludible fractura (o ruptura de hecho) que preludiaba la guerra civil.

    Conviene recordar que la convocatoria a elecciones generales de noviembre de 1933 fue propiciada, o propiamente dicho forzada, debido a la espectacular derrota sufrida por el gobierno republicano-socialista en las elecciones para el Tribunal de Garantías (constitucionales), que condujo a la caída del Gobierno cinco días después. Estas elecciones generales a doble vuelta, 19 de noviembre y 3 de diciembre, confirmaron la tendencia de las municipales de abril y las del citado Tribunal en septiembre: la izquierda sufrió un descalabro, imposible de obviar ni interna (entre sus filas) ni externamente.

    En las elecciones del 19 de noviembre votó el 67'46% del censo electoral y las mujeres por primera vez: las derechas obtuvieron 3.365.700 votos, el centro 2.051.500 y las izquierdas 3.118.000. El sistema electoral que favorecía, por decisión directa de Azaña, a las grandes agrupaciones, se tradujo en que las derechas, que se habían unido para las elecciones, obtuvieran más del doble de escaños que las izquierdas. Azaña intentó en aquellos momentos que Niceto Alcalá Zamora, Presidente de la República, impidiera su desalojo del poder apelando a una teórica legitimidad republicana que, al parecer y desde su megalomanía, pesaba más que la voluntad popular expresada en las urnas. Alcalá Zamora no accedió a las presiones antidemocráticas de Azaña, pero, arbitrariamente, tampoco estaba dispuesto a permitir que gobernaran los ganadores de las elecciones. En puridad, la fuerza mayoritaria, la CEDA, tendría que haber sido encargada de formar gobierno por su indudable triunfo electoral, pero las izquierdas no estaban dispuestas a consentirlo y Alcalá Zamora, a la sazón católico y de derecha, lo aceptó y avaló, encomendando la misión de formar gobierno a Lerroux, un republicano histórico, representante del centrismo, en minoría, que se había ido desplazando hacia la derecha en contraposición al sectarismo de Azaña.

    Sin embargo, semejante salida no pareció suficiente al PSOE y a los nacionalistas catalanes que comenzaron a urdir una conspiración armada para acabar con un gobierno de centroderecha elegido democráticamente. Tal objetivo conspirador y consecuente ejecución llegado el momento revestía una enorme gravedad, porque no eran fuerzas exteriores al Parlamento, como había sido el caso de los anarquistas en 1932 y 1933, sino partidos con representación parlamentaria los que estaban dispuestos a subvertir el resultado de las urnas por la agitación, la propaganda tendenciosa, no pocas veces falaz, la sedición y la beligerancia armada.

    Rota su conjunción con los republicanos en 1933, el PSOE se preparó a  fondo, a partir de su derrota en las elecciones de noviembre-diciembre, cuyos resultados adversos no acató, a organizar la rebelión armada contra el gobierno de la República con el fin de conquistar el poder por la violencia y la confrontación civil. Salta a la vista el proyecto antidemocrático, un proyecto destinado a la revolución y su secuela tiránica: el PSOE se alzaba en armas contra un gobierno constitucional, forjado en las urnas según una ley electoral aprobada durante el bienio que presidió Azaña con los votos favorables del propio PSOE.

 

Posicionamientos y alianzas

 El resentimiento de los derrotados por la victoria del centro-derecha a finales del año 1933 acarrearía serias consecuencias. La primera de ellas se manifestó a través de un reagrupamiento de las izquierdas y su alianza con los separatistas de diferente signo político a fin de derrocar al gobierno legítimo. Los nacionalistas catalanes, en vínculo interesado con Azaña, desplegaron toda su influencia al respecto tratando de atraer al PSOE y a los anarquistas de la CNT.

    Aún se hallaba en funciones el gobierno republicano-socialista presidido por Martínez Barrio tras las elecciones de noviembre de 1933, cuando estalló la primera intentona revolucionaria protagonizada por los anarco-sindicalistas, que la venían preparando desde antes de los comicios; es decir, cuando el resultado dependía de los electores.

    El primer chispazo se produjo en Barcelona, bastión del sindicalismo revolucionario, el 8 de diciembre de 1933, cinco días después de finalizar el proceso electoral. En breve se propagó a casi toda España con actos de sabotaje, amotinamientos, rebeliones y movilizaciones favorables al comunismo libertario. Estallaron disturbios muy graves en La Rioja, aunque el  foco principal se localizó en Zaragoza, donde entonces radicaba el  comité nacional de la CNT y el comité nacional revolucionario encabezado por Cipriano Mera. Los insurrectos llegaron a dominar algunos suburbios de la capital y ocuparon bastantes pueblos de la  región y hasta de La Rioja y la provincia de Álava. En todos estos lugares se aplicó las generales de la ley del credo anarquista: quema de archivos y registros, supresión de moneda, saqueo de comercios y, en alguna localidad, la quema de iglesias y demás edificios religiosos. La revolución comenzó a decrecer el 12 de diciembre, tres días después de haber estallado, con el siguiente balance de víctimas: 11 guardias civiles muertos y 45 heridos; tres guardias de Seguridad muertos y 18 heridos; 75 paisanos muertos y 101 heridos. La requisa de armas, municiones y explosivos fue impresionante.

    En aquello meses iniciales de 1934 pocas personas, entre los políticos, dejaban de considerar imprescindible y próximo el recurso a la dictadura. Los depósitos de armas que se descubrían y los documentos que la Policía estaba recogiendo demostraban que los anarquistas, socialistas y comunistas preparaban una revolución y que los atentados personales, las huelgas políticas y en último término el alzamiento eran medios adecuados para lograr este propósito. A su vez, conspiraban los carlistas dentro y fuera de España para restaurar la Monarquía. De modo que aquellos como José María Gil Robles o Lerroux que deseaban salvar la legalidad republicana, comenzaron a pensar en la conveniencia de disponer de un ejército dispuesto a defenderla, sacando del ostracismo a los militares con destino en el Protectorado (de Marruecos), conocidos como los "africanistas".

 

Preparativos para la revolución

Los llamamientos a la revolución fueron anteriores al resultado de los comicios, además de numerosos, claros y contundentes; y se intensificaron al límite tras ellos. Ya el 3 de enero de 1934 la prensa del PSOE, su insignia el periódico El socialista, publicaba o recogía unas declaraciones de Indalecio Prieto que ponían de manifiesto el clima que imperaba en su partido: Y ahora piden concordia. Es decir, una tregua en la pelea, una aproximación de los partidos, un cese de hostilidades... ¿Concordia? No. ¡Guerra de clase! Odio a muerte a la burguesía criminal. ¿Concordia? Sí, pero entre los proletarios de todas las ideas que quieran salvarse y librar a España del ludibrio. Pase lo que pase, ¡atención al disco rojo!

    Durante todo el año 1934 el PSOE, dirigido por Francisco Largo Caballero, fue preparando a conciencia una insurrección armada en toda España para conquistar el poder en la República tras su estrepitosa derrota en las urnas de noviembre-diciembre de 1933. Largo Caballero descartó a Julián Besteiro, que se oponía a la insurrección, y contó con la colaboración plena de su rival Indalecio Prieto, quien durante toda su vida posterior se arrepintió de esa actitud de 1934, obviamente cuando ya era tarde. Largo Caballero contó con sus consejeros revolucionarios Julio Álvarez del Vayo y Luis Araquistáin (el segundo también se arrepintió pronto), y con las Juventudes Socialistas, cada vez más próximas al comunismo, cuyos principales dirigentes eran Santiago Carrillo y José Laín Entralgo. Desde las primeras semanas de 1934, El Socialista, órgano de comunicación oficial del PSOE, proclamó la revolución próxima.

    El 4 de febrero, el mismo Indalecio Prieto llamaba a la revolución en un discurso pronunciado en el madrileño coliseo Pardiñas. Ese mismo mes la CNT propuso a la UGT una alianza revolucionaria, oferta a la que respondió el socialista Largo Caballero con la de las Alianzas Obreras; su finalidad no era laboral sino eminentemente política: aniquilar el sistema parlamentario y llevar a cabo la revolución. A finales de mayo el PSOE desencadenó una ofensiva revolucionaria en el campo, el ámbito rural, que reprimió enérgicamente  el ministro de Gobernación Rafael Salazar Alonso. A esas alturas el Gobierno contaba con datos referidos a una insurrección armada que se preparaba y en la que tendrían un papel preponderante no sólo el PSOE sino también los nacionalistas catalanes y algunos republicanos de izquierdas. No se trataba de rumores sino de afirmaciones de parte. La prensa del PSOE, por ejemplo, señalaba que las teorías de Frente Popular propugnadas por los comunistas a impulso de Stalin eran demasiado moderadas porque no recogían "las aspiraciones trabajadoras de conquistar el Poder para establecer su hegemonía de clase". Por el contrario, las Alianzas Obreras, propugnadas por Largo Caballero, eran "instrumento de insurrección y organismo de Poder". A continuación El Socialista trazaba un obvio paralelo con la revolución bolchevique: Dentro de las diferencias raciales que tienen los soviets rusos, se puede encontrar, sin embargo, una columna vertebral semejante. Los comunistas hacen hincapié en la organización de soviets que preparen la conquista insurreccional y sostengan después el Poder obrero. En definitiva, esto persiguen las Alianzas.

    En el verano de 1934, el periódico Revolución anunciaba refiriéndose a la futura revolución gestándose: ¿Programa de acción? Supresión a rajatabla de todos los núcleos de fuerza armada desparramada por los campos Supresión de todas las personas que por su situación económica o por sus antecedentes, puedan ser una rémora para la revolución.

    Semejantes afirmaciones mostraban una clara voluntad de acabar con el sistema parlamentario sustituyéndolo por uno similar al soviético, y debían haber causado seria preocupación entre los republicanos de izquierdas; sin embargo, para éstos el enemigo a batir era el centro y la derecha.

    Durante el ominoso verano de 1934, la Federación de Trabajadores de la Tierra (socialista) provocaba huelgas salvajes en el campo mientras Prieto acopiaba armas para la revolución, encomendada en su foco principal, Asturias, al Sindicato Minero de la UGT, que organizó un ejército de 30.000 hombres bien armados.

    Una de las principales impulsoras del movimiento huelguista, la socialista Margarita Nelken, pretendió que todo el campo español estaba parado, pero, pese a la violencia del PSOE (13 muertos y 200 heridos, en su mayoría trabajadores no huelguistas, destrucción de aperos de labranza y maquinaria, incendio de mieses, devastación de cultivos...), el movimiento sólo afectó, y parcialmente, a 1.600 de los 9.000 municipios de España. El fracaso hizo cundir la desmoralización entre los campesinos socialistas, empujados a la huelga con la promesa de ser apoyados por una huelga general en las ciudades que ni siquiera intentó su partido. Y causó tensiones dentro del PSOE, mostrando Largo Caballero su enojo por considerar la huelga precipitada, perjudicial para la insurrección armada en preparación. El PSOE era el centro y el núcleo de la rebelión, a la que Largo Caballero quiso incorporar al resto de los grupos obreros de izquierda mediante la creación de las Alianzas Obreras.

 

Alianzas implícitas y explícitas

A finales de julio había remitido algo la agitación en Cataluña, en la calle todavía más, y entonces es cuando tomó el relevo el nacionalismo-separatismo vasco, el Partido nacionalista Vasco (PNV), que contó con el activo apoyo de los separatistas catalanes de la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), de los republicanos de izquierda (Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña) y del PSOE, rival hasta entonces del PNV en Vascongadas. La táctica consistió en tratar de poner en pie un doble poder, inconstitucional, a partir de los ayuntamientos, y en rechazar una y otra vez, con insultante arrogancia, las propuestas conciliadoras que les hacía el débil gobierno de Samper. De modo similar a lo experimentado en Cataluña, cobraron ímpetu inusitado las protestas, las apelaciones separatistas y el incumplimiento de la ley. Todo este movimiento culminaría en una asamblea de diputados y alcaldes sediciosos (peneuvistas, socialistas, esquerristas y republicanos), convocada por Prieto en Zumárraga, provincia de Guipúzcoa, el 2 de septiembre, en crudo desafío al Gobierno; que la prohibió. Del clima reinante dan idea las expresiones de los confabulados: "El choque es inevitable", clamaba Antoni Rovira i Virgili, comisionado de la Ezquerra; Manuel de Irujo, comisionado del PNV declaraba con jactancia: "Estamos en franca, abierta y declarada rebeldía"; El periódico La Humanitat, órgano de expresión de ERC amenazaba: "Si es lo bastante inconsciente para enfrentarse a la voluntad popular, allá el Gobierno con su responsabilidad. Puede ser tremenda". El PSOE ansiaba: "El conflicto entra en una fase de violencia mayor". Pero, otra vez, el Gobierno reaccionó con firmeza, después de unos meses de debilidad, y bastaron unas compañías de guardias de asalto para echar abajo como un castillo de naipes las pretensiones de los rebeldes, impidiendo así la prevista "violencia mayor".

    Simultáneamente las izquierdas presionaban constante y coactivamente al Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora y Torres, para que destituyese a los gobernantes legítimos y pusiera a ellos en su lugar. Fue entonces cuando Azaña creyó llegada, por segunda vez, la ocasión de resolver el problema mediante un golpe de Estado. De acuerdo con Lluís Companys, Presidente de la Generalidad de Cataluña, líder de ERC, y los suyos, planeó establecer un gobierno sedicioso en Barcelona, que debía ser respaldado por una huelga general en toda España. Sin embargo, la huelga necesitaba el acuerdo del PSOE, y éste lo negó, porque estaba preparando su propio alzamiento en pro de la dictadura del proletariado y no quería subordinarse a "iniciativas burguesas".

    Apenas concluida la feroz etapa de huelga en el ámbito rural, comenzó la planificada subversión en Cataluña, dirigida por Companys, so pretexto de una ley de contratos de cultivo aprobada por los nacionalistas-separatistas y que el Tribunal de Garantías Constitucionales declaró ilegal. Paralelamente, sin que se hayan demostrado conexiones directas con el movimiento revolucionario abanderado por los socialistas, la Generalidad de Cataluña, dirigida desde primeros de 1934 por Companys, sucesor de Françesc Macià, preparaba una rebelión secesionista contra el gobierno de la República con el fin de proclamar el Estado Catalán. La Esquerra, gobernante en Cataluña, trató de crear un clima insurreccional adecuado a sus intenciones. Aprovechó que controlaba a la Guardia de Asalto y la Guardia Civil para organizar en el seno de ambas un trabajo subversivo, al tiempo que armaba a sus milicias, denominadas escamots (pelotones o patrullas de control, intimidación y ejecución), y formaba núcleos afectos en las guarniciones militares de Cataluña. Companys y los suyos llamaban a la rebelión a la población catalana; sus discursos desprendían un inequívoco tono belicista.

    En ese movimiento colaboraron íntimamente los republicanos de Azaña y el PNV y, desde fuera, el PSOE. Estos partidos se pusieron en contra del gobierno legítimo y al lado de la sedición. Como jefe de la oposición de izquierdas republicanas al gobierno Lerroux, Azaña, para batir al enemigo, que era el centro y la derecha, en unas resonantes declaraciones el 30 de agosto, advertía que si Gil Robles (líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas), pese a haber ganado las elecciones de 1933, se atrevía a participar en el gobierno con ministros de su formación política, la CEDA, las izquierdas unidas se lo impedirían por cualquier medio; unas declaraciones ante las que nadie se podía llamar a engaño. Si la CEDA se empeñaba en ejercer su derecho, las izquierdas se opondrían incluso yendo contra la legalidad. Los anuncios de Azaña, de Prieto, de Largo Caballero, de tanto otros personajes de la izquierda no eran sino una consecuencia realmente lógica de toda una visión política que no había dejado de avanzar desde finales del siglo XIX: El Parlamento, y las votaciones que lo configuraban, sólo resultaba legítimo, en la práctica, en la medida en que servía para respaldar el propósito de las fuerzas mencionadas; cuando el resultado en las urnas no sancionaba la victoria de ese bloque político, el parlamento debía ser rebasado y silenciado desde la calle por cualquier medio, recurriendo incluso a la violencia. Para el PSOE, el PCE y la CNT, el paso siguiente sólo podía ser la revolución.

    La CEDA, cada vez más alarmada ante aquella escalada de violencias y provocaciones, decidió entrar en el Gobierno y dejar de apoyar a Ricardo Samper, hasta entonces presidente, del Partido Radical, que había demostrado salvo en algunos momentos una flaqueza extrema. El éxito gubernamental de Zumárraga y los constantes descubrimientos de alijos y depósitos de armas socialistas (la incautación de la carga del barco Turquesa, por ejemplo), habían hecho creer a la derecha que el peligro golpista había pasado. Se equivocaba.

 

Repaso a la cronología y sus protagonistas

En sus Memorias, Niceto Alcalá Zamora, Presidente de la República en el periodo que se analiza, cuenta que entre los días 20 de noviembre y 3 de diciembre de 1933, recibió al menos tres incitaciones para que colaborara en un golpe de Estado, en el que estaban mezclados destacados políticos de la izquierda como Juan Botella, Félix Gordón Ordás, Diego Martínez Barrio y Juan Negrín: consistía en no convocar las Cortes recientemente elegidas y formar a cambio una especie de "Gobierno de salvación" con los grupos republicanos "auténticos". Alcalá Zamora rechazó la propuesta que invalidaba la legalidad del sistema. Estas noticias, pese a los disimulos y desmentidos posteriores, fueron de dominio público.

    Dos regiones, Asturias y Cataluña, se ofrecían como posibles plataformas para una acción revolucionaria. La muerte de Macià (25 de diciembre de 1933) permitió a Companys, que se había distinguido como defensor de los anarquistas, convertirse en Presidente de la Generalidad (31 de diciembre) y luego, al frente de una coalición izquierdista, ganar las elecciones municipales del 14 de enero de 1934. Companys, que intentaba promover una reforma agraria muy diferente de la que preconizaban las Cortes de la República, empezaba a sostener con ella una pugna que no excluía el recurso a la violencia. No ocultaba que su proyecto inmediato era, aprovechando la mayoría absoluta conseguida, proclamar la independencia de Cataluña, estableciendo después vínculos de cooperación con el resto de España para mantener las ventajas económicas, pero rechazando cualquier clase de dependencia política.

    Las normas todavía vigentes en el Ejército equiparaban al delito de alta traición cualquier intento de separar una parcela del territorio nacional.

    Francisco Largo Caballero preparaba desde febrero de 1934 la gran subversión para la que el instrumento clave debía ser las Alianzas Obreras, que agrupasen a socialistas, anarquistas y comunistas. Al mismo tiempo activaba los enfrentamientos armados "antifascistas"; denominando antifascista a todo lo que le convenía. Sólo en Asturias consiguió Largo Caballero su propósito porque en esta región había conseguido la derecha, en las elecciones de 1933, una victoria inesperada (para la izquierda), además de muy alarmante pues resucitaban con ella las antiguas raíces conservadoras asturianas. Los socialistas creyeron que sólo podían retornar al poder por el camino de la violencia.

   Al comenzar el verano de 1934, Largo Caballero consiguió ser reconocido como jefe sin disputa del socialismo en España. Una escalada de huelgas y el descubrimiento de varios depósitos de armas puso en alerta al Gobierno, aunque, pese a las evidencias y los efectos, parecía poco decidido a tomar medidas tendentes a evitar lo presumible.